Las principales organizaciones del sector comercial manifiestan su preocupación por el impacto que podría tener la limitación a 1000 euros en efectivo sobre la actividad comercial. Un tema que se quiere incluir en el Proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal.
Una medida calificada como “profundamente inoportuna” por las organizaciones ANGED, CEC, ACOTEX, FECE y la de servicios de seguridad APROSER. En su opinión, supone una barrera innecesaria de cara a la recuperación del consumo en la etapa más crítica que ha vivido el sector comercial con la pandemia.
“No podemos poner bajo sospecha las operaciones en efectivo realizadas por los consumidores, cuando existen otras fuentes para atajar la economía sumergida”, subrayan desde las organizaciones. Además, en febrero de 2019, el Banco Central Europeo ya advertía a España de que imponer un límite de 1000 euros al pago en efectivo, como medida de lucha contra el fraude, podía ser desproporcionada. Entre las razones argumentadas por el BCE destacan “la posibilidad de pagar en efectivo, sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago”.
“El efectivo también se aprecia en general como medio de pago porque es ampliamente aceptado y rápido y porque permite al pagador controlar sus gastos”. Además, “es el único medio de pago en dinero del Banco Central y a su valor nominal que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por uso”. El BCE explica que “no requiere de una infraestructura funcional técnica y siempre puede usarse, lo cual es muy importante en caso de interrupción de los pagos electrónicos”. Por último, destaca “facilita la integración en la economía del conjunto de la población, al permitir liquidar de esta forma cualquier tipo de operación financiera”.
Experiencia europea
La experiencia europea demuestra que los límites existentes para pagos en efectivo en Francia (mil euros), no ha logrado reducir la economía sumergida de forma significativa. De hecho, la mayoría de los estados de la Unión Europea no han establecido ninguna limitación.
Las organizaciones empresariales apoyan la lucha contra el fraude fiscal, pero consideran desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo. Es una medida que limita la elección del medio de pago por parte del consumidor y que pone bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio. Recomiendan que se debiera actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida, que son reconocibles, “en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad”.
