La patronal de calzado español alerta sobre los perjuicios del Reglamento Europeo contra la morosidad para el sector. La norma que propone la Unión Europea dificultará aún más la situación para las empresas españolas exportadores que reducirán su competitividad. La ley Crea y Crece establece en 30 días el plazo máximo de los pagos. FICE reclama un régimen especial para Pymes exportadoras.
El nuevo Reglamento Europeo contra la morosidad que está tramitando la Unión Europea obliga a las empresas que quieran acceder a subvenciones públicas a cumplir con los plazos de pago en 30 días. La Federación de Industrias del Calzado Español, FICE, reclama que se establezca un régimen especial para no lastrar la competitividad de las Pymes exportadoras de calzado.
Ley Crea y Crece
Las empresas de calzado están experimentando dificultades desde la implantación en 2022 de la Ley Crea y Crece del Gobierno de España. Una ley que obligada a cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad en el caso de solicitar subvenciones públicas. El plazo se extiende a 60 días en el caso de que exista un acuerdo entre las partes.
La patronal de calzado subraya las aún mayores dificultades que supondrá para las compañías del sector la aprobación del nuevo Reglamento que está tramitando la Unión Europea. El carácter tradicionalmente exportador de las empresas de calzado españolas hace que éstas tengan mayores dificultades para cumplir los plazos frente a las de otros sectores. Por ello, desde FICE se reclama un régimen especial para las Pymes exportadoras con el objetivo de no lastrar su competitividad.
Norma homogénea y flexible
Desde FICE explican que es necesario que la normativa europea que se aprobará próximamente debe ser homogénea en todos los estados miembros, para competir en igualdad de oportunidades. Debe además de ser flexible para atender a las necesidades de cada sector teniendo en cuenta si comercializa productos de alta o baja rotación, caso del calzado.
Marián Cano, secretaria general de FICE, destaca la necesidad de luchar contra la morosidad. “La solución no pasa por acortar tan drásticamente los plazos, ya que el pago medio en la actualidad está por encima de los 80 días. Es necesario establecer mecanismos para garantizar los mismos en el plazo acordado”.
Perjuicios para el sector
Según Cano, no cumplir el plazo máximo de 30 días impide a las empresas acceder a ayudas públicas superiores a los 30.000 euros. Las empresas de calzado preparan sus colecciones, compran materias primas, fabrican y almacenan, y sus plazos de cobro superan los ocho o nueve meses. Además, “las compañías se están viendo afectadas por la caída del consumo y las exportaciones. Quedar excluidas de importantes subvenciones gubernamentales afectaría a su capacidad para enfrentar los desafíos económicos”, explica Cano.
El impacto del nuevo Reglamento será mucho mayor para las medianas industrias debido ya que en muchos casos carecen de la infraestructura financiera y administrativa para adaptarse rápidamente a los nuevos requisitos. “Por el contrario, esto podría favorecer a las grandes corporaciones con recursos significativos”, aseguran desde la patronal.
Por último, Cano explica, “el problema no está en acordar los plazos, sino en garantizar los mismos en el periodo establecido acabando así con los impagos”. www.fice.es
