Las principales organizaciones comerciales del país advierten que limitar los pagos en efectivo a mil euros supone perjudicaría aún más a la recuperación del consumo. En España, el 83% de las operaciones de compra son en efectivo, diez puntos más que la media europea. El resto de medios de pago tiene un mayor coste para consumidores y comerciantes.
Las organizaciones del sector comercial ANGED, CEC, ACOTEC y FECE advierten sobre las consecuencias negativas que tendría aprobar el proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal que limita a 1.000 euros el pago en efectivo. En España, ocho de cada diez operaciones comerciales se efectúan con dinero físico. Además, más del 40% de los españoles considera muy importante el acceso a este medio de pago.
Favorecer la utilización de efectivo
Tanto el Banco Central Europeo (BCE), como la Comisión y el Consejo de Europa coinciden en favorecer el acceso y la utilización del efectivo. Las organizaciones consideran que no se puede poner bajo sospecha el uso de la moneda en curso legal por parte de los ciudadanos.
Según el BCE, el 83% de las operaciones de compra son en efectivo, diez puntos por encima de la media europea.
El consumo en España cae más que en Europa
La pandemia ha provocado una mayor caída del consumo en España con respecto a otros países (+16%). De hecho, duplica la media de la UE. Se han destruido más de 60.000 empleos y más de 20.000 millones de euros en facturación. En los sectores de la moda, accesorios y bienes de equipo personal las ventas acumulan meses de caídas de doble dígito. En este contexto hay que añadir que las ayudas prometidas por el Gobierno no llegan. El Comercio pide que no se perjudique aún más la actividad de las empresas con este tipo de medidas.
Recomendaciones de la UE
En sus conclusiones de marzo de 2021, relativas a la comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la UE, el Consejo Europeo reconoce que “el efectivo sigue desempeñando un papel esencial como salvaguardia en caso de mal funcionamiento de los sistemas e infraestructuras de pago”. Concluye que “tanto los pagos en efectivo como los digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuarios”.
