La modificación en la aplicación de las penas por hurto multirreincidente se contempla en el marco del Proyecto de Ley Orgánica. La Confederación Española de Comercio (CEC) se muestra satisfecha por la modificación de distintos aspectos relacionados con las penas a aplicar en estos casos. Esta práctica delictiva genera 1.800 millones de euros anuales en el comercio.
La CEC espera que la propuesta de modificación en la aplicación de penas de hurto multirreincidente salga adelante. El Proyecto de Ley Orgánica establece normas que faciliten el uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales,
Penas de prisión por reincidencia
Si la propuesta sale adelante en sus términos, el Código Penal recuperará las penas de prisión de hasta 18 meses para pequeños hurtos en casos de reincidencia, cuando existan tres condenas por delitos de esta naturaleza, aun siendo de carácter leve y el montante acumulado supere los 400 euros.
Una petición que desde CEC, como organización representante del comercio de proximidad se ha trasladado en numerosas ocasiones. El hurto multirreincidente supone una auténtica lacra que cuesta 300 millones de euros al año a las administraciones públicas españolas. Genera, además, unas pérdidas de 1.800 millones de euros anuales en el comercio, lo que se traduce en destrucción de empleo, inseguridad y alza de precios.
Rafael Torres, presidente de la CEC explica: “Esta medida sin duda supone un gran avance. A día de hoy no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia de menos de 400 euros. Es la causa de que los comerciantes se encuentren en una situación de total indefensión y vulnerabilidad. En vista de la evolución de denuncias, juicios suspendidos y sentencias, comprobamos que hasta ahora esta práctica les está saliendo gratis a los delincuentes, en su mayoría bandas organizadas”.
Un primer paso
La CEC considera que se trata de un paso en la buena dirección. Reconoce que deben seguir otros, “si queremos acabar definitivamente con estas conductas delictivas que suponen no solo importantísimas pérdidas para el comercio, sino también un despilfarro para las Administraciones Públicas, un sobrecoste innecesario para el ciudadano y la desmotivación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
